Multas por no retirar el amianto: cuánto te puede costar en 2026
El amianto sigue presente en miles de edificios, naves industriales y viviendas de toda España. A pesar de que su uso fue prohibido definitivamente en 2002 mediante el Real Decreto 396/2006 y normativa anterior, muchos propietarios mantienen todavía materiales que contienen amianto —como las populares placas de uralita— sin haber tomado ninguna medida. Lo que quizás no saben es que esta inacción puede tener consecuencias económicas y legales muy serias. La multa por no retirar el amianto puede alcanzar cifras que van desde los 3.000 hasta los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y el perfil del infractor.
En 2026, la presión normativa y el endurecimiento de las inspecciones hacen que este tema sea más relevante que nunca. Las administraciones autonómicas y locales están incrementando los controles, especialmente en entornos laborales y edificios públicos, pero también en instalaciones privadas cuando existe un riesgo evidente para terceros. Comprender el marco sancionador vigente es esencial tanto para propietarios particulares como para empresas que gestionan inmuebles con este tipo de materiales.
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Qué dice la normativa: el marco legal del amianto en España
El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, es la norma de referencia en España para la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al amianto. Establece las condiciones en las que deben realizarse los trabajos de desamiantado, las obligaciones de empresas y propietarios, y los requisitos para las empresas que ejecutan estos trabajos.
Sin embargo, el régimen sancionador no se encuentra en este decreto directamente, sino que se articula a través de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000. Esta última es la que establece de forma concreta las cuantías de las sanciones aplicables cuando se incumple la normativa de seguridad e higiene relacionada con el amianto.
Además, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de salud pública y medio ambiente, lo que significa que pueden imponer sanciones adicionales a través de su propia legislación sectorial. En algunos casos, los ayuntamientos también pueden actuar cuando el estado de los materiales supone un riesgo para la vía pública o los vecinos.
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Cuánto puede costar una sanción por amianto: las cifras reales
El régimen de sanciones de la LISOS clasifica las infracciones en tres niveles: leves, graves y muy graves. En materia de amianto, las infracciones suelen encuadrarse en los tramos graves y muy graves, dado el riesgo que este material supone para la salud.
- Infracciones leves: de 60 a 2.045 euros. Se aplican en casos de incumplimientos formales o administrativos menores, como no disponer del plan de trabajo actualizado o no notificar correctamente a la autoridad laboral.
- Infracciones graves: de 2.046 a 40.985 euros. Son las más habituales en inspecciones de trabajo. Se producen cuando, por ejemplo, se realizan trabajos con amianto sin notificación previa, sin contar con empresa RERA autorizada o sin adoptar las medidas de protección exigidas.
- Infracciones muy graves: de 40.986 a 819.780 euros. Se aplican cuando existe una exposición directa y evidente de trabajadores o terceros al amianto, cuando se oculta información a la Inspección de Trabajo o cuando la conducta infractora es reiterada.
Es importante aclarar que las cuantías exactas se gradúan en función de factores como la negligencia del infractor, el número de trabajadores o personas afectadas, la persistencia en el incumplimiento o el incumplimiento de advertencias previas. Una infracción de uralita en una nave industrial con empleados puede derivar, sin dificultad, en sanciones de decenas de miles de euros.
Para particulares propietarios de viviendas con cubiertas de fibrocemento, la situación es algo diferente, ya que la LISOS se aplica principalmente en el ámbito laboral. No obstante, si las obras generan riesgo para terceros o se contratan trabajadores sin cumplir la normativa, la responsabilidad es igualmente exigible.
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Cuándo actúa la Inspección de Trabajo y quién puede denunciar
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el organismo competente para investigar y sancionar los incumplimientos relacionados con el amianto en el ámbito laboral. Puede actuar de oficio, por denuncia de trabajadores, por comunicación de mutuas o a raíz de un accidente laboral relacionado con la exposición a fibras de amianto.
Los vecinos o terceros afectados también pueden denunciar ante los organismos de salud pública o medio ambiente de su comunidad autónoma cuando observen que materiales de amianto en mal estado —como tejados de uralita deteriorados— suponen un riesgo para el entorno. En estos casos, la sanción puede venir acompañada de una orden de ejecución forzosa, lo que significa que si el propietario no actúa, la administración puede ejecutar la retirada a su costa y repercutirle el gasto con un recargo.
En el ámbito de la edificación, el no declarar la presencia de amianto en una transacción inmobiliaria o en una reforma también puede tener consecuencias civiles y penales, especialmente si se demuestra que el propietario conocía la existencia del material y lo ocultó deliberadamente.
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Preguntas frecuentes
¿Me pueden multar si tengo una cubierta de uralita pero no hago obras?
La mera presencia de amianto en buen estado de conservación no genera por sí sola una obligación inmediata de retirada ni una sanción automática. Sin embargo, si el material está deteriorado y supone un riesgo de emisión de fibras —lo que puede determinar una inspección técnica—, la administración puede requerir su retirada. Si no se atiende ese requerimiento, entonces sí puede imponerse una sanción amianto y una orden de ejecución forzosa.
¿Qué pasa si contrato a una empresa no autorizada para retirar el amianto?
Contratar a una empresa que no esté inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) para realizar trabajos de desamiantado es una infracción grave. Tanto la empresa contratada como el promotor de los trabajos pueden ser sancionados. Además, los trabajos realizados sin garantías pueden ser declarados nulos, obligando a repetirlos correctamente.
¿Existe alguna ayuda o subvención para retirar el amianto en 2026?
Sí. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos cuentan con líneas de ayuda para la retirada de amianto, especialmente para particulares con recursos limitados o para comunidades de propietarios. También pueden existir deducciones fiscales ligadas a obras de rehabilitación. Se recomienda consultar con la administración local o con una empresa especializada para conocer las opciones disponibles en cada territorio.
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